Según comunicó la organización ambientalista Greenpeace Chile, la Fundación Terram publicó una investigación exhaustiva que pone de manifiesto numerosas infracciones cometidas por la industria salmonera en relación con la normativa ambiental. Estas infracciones están a punto de prescribir si la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no toma medidas adecuadas, lo que podría dejar sin sanciones ni multas la cosecha ilegal de más de 67.000 toneladas de salmón, generando ganancias de aproximadamente 660 millones de dólares para el sector.
Insuficiente supervisión de la industria salmonera
El informe revela que, desde la creación de la SMA para garantizar el cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), solo se han iniciado 27 procedimientos sancionatorios por sobreproducción de salmón dentro de la Reserva Nacional Las Guaitecas, en la Región de Aysén. A pesar de que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) ha reportado 84 incidentes de sobreproducción en 53 centros de cultivo, estos casos aún no han sido sancionados. Más preocupante aún es que 74 de estos incidentes ya habrían prescrito, ya que la ley permite sancionar las infracciones hasta tres años después de que ocurren, y ese plazo ha expirado.
Respuesta de la superintendencia y su enfoque correctivo
En respuesta a estas revelaciones, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, ha defendido los esfuerzos de su entidad por mejorar la fiscalización y coordinar las acciones entre los diferentes organismos encargados de supervisar el cumplimiento de las normativas. Plumer destaca su enfoque correctivo, en el cual se invierten recursos del Estado para generar y enviar reportes a las empresas sobre sus niveles de producción, advirtiéndoles cuando superan los límites legales. La superintendenta argumenta que este enfoque «aumenta la eficiencia».
Críticas al sistema de notificación en lugar de sanción
Este enfoque correctivo ha sido criticado por su falta de contundencia. Metafóricamente, es comparable a una situación en la que, al conocer un delito, las autoridades en lugar de detener a los culpables, simplemente les envían una notificación para que cesen su actividad ilegal, incluso en casos de reincidencia. La industria salmonera ha demostrado que las sobreproducciones no son eventos aislados, sino una práctica sistemática que les permite obtener ganancias ilegales significativas, como lo evidenció la SMA en el caso de Nova Austral. Por lo tanto, la respuesta de la SMA ante los casos de sobreproducción próximos a prescribir es vista como insuficiente.
Fallas en la protección ambiental y el impacto en las comunidades
El Estado ha fallado en su responsabilidad hacia las comunidades y la protección ambiental. La falta de comunicación entre organismos, la confusión en los datos y la ineficacia en la fiscalización revelan un sistema que no protege adecuadamente los recursos naturales, no impone sanciones efectivas a quienes cometen ilegalidades y, en algunos casos, castiga a quienes denuncian estas violaciones. Este fallo en el sistema es un reflejo de la necesidad urgente de reformar profundamente un sistema que no cumple con su propósito de proteger los bienes comunes naturales del país.
Problemas con la judicialización y la presión sobre la sociedad civil
Además, es importante señalar que, cuando la sociedad civil ha llevado casos al Tribunal Ambiental (TA) para exigir sanciones adecuadas, la respuesta de la SMA ha sido a menudo exigir que las organizaciones que denuncian paguen costas judiciales. Mientras las empresas son instadas a cumplir con la ley y, según el informe de Terram, frecuentemente se les permite evadir responsabilidades, a las organizaciones civiles se les exige un costo monetario por judicializar casos que afectan la salud y el equilibrio de los ecosistemas marinos. Esto demuestra una falta de visión por parte de los organismos encargados de proteger el medio ambiente, que deberían valorar la defensa de sus propias competencias para garantizar una protección efectiva.
Necesidad de un cambio en la administración ambiental
Es esencial que el Estado se convierta en un defensor efectivo de nuestros territorios, priorizando el bienestar de las comunidades y aplicando sanciones justas. La participación comunitaria debe ser fomentada en estos procesos, ya que son las comunidades las que sufren las consecuencias de la contaminación y la degradación ambiental. El Estado debe estar a la altura del desafío y demostrar un verdadero compromiso con la protección ambiental y la justicia para todos.
