El lunes 28 de octubre empieza en Argentina el juicio oral contra el empresario acusado de haber matado a cientos de pingüinos en la reserva de Punta Tombo. El imputado enfrenta cargos por haber destruido el hábitat natural de estos animales, en una acción que desató indignación y denuncias en defensa del medio ambiente.La movida judicial es histórica e inédita ya que es la primera vez que se lleva adelante un juicio por crueldad animal y daño ambiental agravado en Argentina. Contará con la presencia de más de 50 testigos provenientes de distintos países, y podría culminar con una condena de hasta 4 años de prisión efectiva para el acusado.
En noviembre de 2021, un individuo se apropió ilegalmente de un terreno cercano a la reserva natural de Punta Tombo, en Chubut, y causó daños a aproximadamente 140 nidos de pingüinos al utilizar una topadora para crear un camino adyacente. Después puso una valla eléctrica alrededor de él para marcar sus límites.
Luis Alberto La Regina, propietario del terreno, notificó de inmediato a las autoridades locales y al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, quienes presentaron la denuncia correspondiente. Tras la investigación, se descubrió que el responsable fue Ricardo La Regina, sobrino del dueño del terreno.
El hecho ocurrió en la Reserva de Biosfera de la Unesco Patagonia Azul, que es hogar del 40% de la población mundial reproductiva del pingüino de Magallanes, siendo uno de los lugares más importantes a nivel mundial para la reproducción de esta especie.
Las acciones del imputado destruyeron más de 300 especímenes entre crías y huevos, causando daños irreparables en este ecosistema, y afectando a una especie vulnerable y comprometida por el cambio climático y la actividad humana.
La investigación
La fiscal a cargo del caso llevó a cabo una serie de registros en la zona, con la participación de la Policía montada, criminalística e investigadores de la comisaría de Rawson. En el lugar también estuvieron empleados guardaparques, científicos biólogos y personal del ministerio de Ambiente y del Centro Nacional Patagónico.
En el informe presentado a la fiscalía, se verificó el daño de al menos 146 nidos, principalmente por aplastamiento y por compactación del terreno, así como por el depósito de material extraído con la pala sobre nidos cercanos al camino. Asimismo, varios pingüinos adultos fallecieron por electrocución debido a la colocación del cercado eléctrico y divisorio.
Los actos que fueron investigados son sumamente crueles hacia los animales, de manera excesiva, al llevar a cabo todos estos hechos en presencia de Pingüinos de Magallanes durante la temporada de reproducción. El daño causado a sus nidos y a su entorno reproductivo, también implica consecuencias para la especie.
También se pudo confirmar que se llevaron a cabo al menos dos recorridos de maquinaria pesada en el área, uno antes de la instalación del alambre electrificado y otro después, lo que podría empeorar la condición del acusado.
La acusación y las expectativas del juicio
La fiscalía acusa al imputado de violar leyes de protección ambiental y de fauna, y de realizar actividades sin la debida autorización. La pena que podría recibir en caso de ser encontrado culpable podría incluir multas elevadas y hasta 4 años de cárcel.
La presentación de pruebas se realizará mostrando imágenes, documentación y testimonios durante la mañana y la tarde del lunes 28 de octubre. A pesar de que se prevé la presencia de 47 testigos por la Fiscalía y 12 por la defensa del acusado, esta cantidad podría incrementarse de acuerdo al acuerdo entre ambas partes. Además, está planeada una visita al lugar de los acontecimientos, localizado a 150 kilómetros al sur de Rawson.
Organizaciones ambientalistas y expertos han sido convocados para testificar en el juicio y dar cuenta del impacto ambiental de este tipo de acciones en áreas protegidas como Punta Tombo. El juicio oral se extenderá durante varias jornadas y podría sentar un precedente clave.
Por primera vez se lleva este tipo de casos a juicio, tanto a nivel nacional como provincial. El objetivo del veredicto es que la población tome conciencia no solo de proteger la flora y fauna del país, sino también de denunciar incidentes similares para evitar su repetición.
