La geoingeniería oceánica despierta esperanzas y preocupaciones, enfrentando desafíos de gobernanza y cuestiones éticas, mientras se resalta el valor insustituible de las soluciones naturales frente al cambio climático.
Las cuestiones éticas y políticas hacen necesaria la regulación
Hasta la fecha no se ha firmado ningún tratado internacional sobre geoingeniería marina. Aunque la Organización Marítima Internacional prohibió el uso comercial de la fertilización oceánica en 2010, y algunos países como Suiza están tratando de impulsar las negociaciones, aún no se ha llegado a ningún acuerdo.
En 2019, durante la cuarta Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la resolución sobre la evaluación del estado de las tecnologías de geoingeniería y las pruebas científicas, así como las herramientas de gobernanza actuales y potenciales, no logró alcanzar un consenso.
Sin embargo, esta gobernanza parece necesaria a la vista de los debates éticos y políticos sobre la geoingeniería.
El primer imperativo de esta gobernanza es controlar la deriva y coordinar las acciones individuales y/o unilaterales.
En 2011, frente a las costas de las islas Haida Gwaii, en Columbia Británica, el empresario Russ George y su empresa Planktos Inc. vertieron clandestinamente más de 100 toneladas de sulfato y óxido de hierro.
Deseoso de probar la eficacia de la fertilización para secuestrar CO2 y acumular así créditos de carbono, el planteamiento de la empresa se basaba en la explotación financiera.
Este caso es emblemático de los posibles abusos que podrían surgir en el futuro. Estos métodos podrían incitar a los gobiernos o a los particulares a actuar unilateralmente, sin considerar seriamente los efectos adversos sobre el clima y la biodiversidad a escala mundial.
Sin embargo, si estas acciones son aisladas y se llevan a cabo a escala local, las consecuencias afectan a nivel mundial y ponen de manifiesto intereses divergentes. Ya están surgiendo disensiones entre países.
Un segundo debate ético gira en torno a los principales promotores de la geoingeniería. Los mayores inversores en estas técnicas son también los mayores contaminadores (en particular, las industrias de combustibles fósiles).
Si la geoingeniería se considera una alternativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, atrae de hecho a actores públicos y privados reacios a reducir su impacto medioambiental.
Esta lógica desvía la atención y las inversiones políticas, financieras y científicas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, la investigación sobre las consecuencias de estos métodos debe desempeñar un papel fundamental a la hora de orientar las decisiones, ya que, hace veinte años, la propuesta de utilizar la fertilización con hierro suscitó un gran debate en la comunidad científica académica. ¿Era necesario trabajar sobre este método, su eficacia potencial y sus limitaciones? ¿O el simple hecho de estudiar el método lo legitimaba, a pesar del escepticismo inicial? Mirando hacia atrás, hicimos bien colectivamente en explorar la eficacia y el impacto de la fertilización utilizando las herramientas de que disponíamos en aquel momento. Pudimos demostrar su eficacia limitada, pero también los posibles efectos colaterales, perjudiciales para los ecosistemas y los servicios ecosistémicos de los océanos. Estos resultados han llevado a los científicos a formular recomendaciones claras: la fertilización con hierro no es una solución a tener en cuenta para mitigar el cambio climático.
Otra cuestión de justicia medioambiental está surgiendo en torno a las desigualdades Norte-Sur. Las técnicas de geoingeniería marina requieren importantes recursos científicos, tecnológicos y financieros que probablemente aumentarán las diferencias entre países.
Para que la geoingeniería se desarrolle, será necesario reflexionar más sobre la puesta en común de conocimientos, tecnologías y cooperación entre países desarrollados y en desarrollo.
Por tanto, la investigación y el desarrollo de la geoingeniería deben ir acompañados de una gobernanza internacional capaz de fomentar el multilateralismo y sacar el máximo partido de la ciencia para apoyar la toma de decisiones.
Las cuestiones de gobernanza de la geoingeniería marina podrían debatirse en el marco de la ONU.
Ya se están explorando varias vías en la interfaz entre ciencia y política. Un ejemplo es la clasificación de los diferentes métodos de geoingeniería desarrollada por Gattuso et al (2021).
Esta clasificación tiene en cuenta 1) la eficacia para aumentar la absorción neta de carbono, 2) la eficacia para reducir el calentamiento de los océanos, la acidificación de los océanos y el cambio climático, 3) la viabilidad, que abarca tanto la preparación tecnológica como el tiempo hasta la plena eficacia potencial, 4) la duración de los efectos, 5) la rentabilidad, 6) los beneficios colaterales, 7) las desventajas y 8) la gobernabilidad desde una perspectiva internacional.
Este marco podría utilizarse en el caso de la geoingeniería para dar prioridad a determinadas técnicas y descartar definitivamente otras.
En todos los casos, el desarrollo de las técnicas seleccionadas debe ir precedido y acompañado de una evaluación científica rigurosa de los impactos ecológicos y medioambientales.
La geoingeniería es, por tanto, una solución imperfecta a los retos del cambio climático, que en modo alguno sustituye a la urgente necesidad de reducir las emisiones de CO2 en su origen, y cuya exploración requiere marcos normativos.
Si bien algunos de estos enfoques pueden aportar soluciones técnicas para mitigar el aumento de los GEI y de las temperaturas, la incertidumbre científica sobre sus efectos nocivos exige vigilancia y precaución.
Para ello, es necesario reflexionar sobre los marcos éticos y normativos que rigen su aplicación, con el fin de anticipar y controlar su desarrollo. Este debate debe apoyarse en una mayor investigación científica sobre los efectos medioambientales de los métodos de geoingeniería marina.
Junto a la geoingeniería, la comunidad científica está de acuerdo en el valor de las soluciones basadas en la naturaleza, también conocidas como soluciones de bioingeniería. La protección de ecosistemas como manglares, praderas marinas, bosques de macroalgas y humedales, que son verdaderos sumideros de carbono, podría evitar la emisión de hasta 1.380 millones de toneladas de CO2 al año.
Los beneficios medioambientales y socioeconómicos generados por estos ecosistemas hacen que su conservación y restauración sea una prioridad para muchos científicos, ya que permiten satisfacer tanto las necesidades climáticas como las de biodiversidad.
Aunque estas soluciones tendrán efectos menos rápidos que los estimados para los métodos de geoingeniería, invertir prioritariamente en los ecosistemas costeros y marinos, explorando al mismo tiempo las energías renovables que nos permitirán alcanzar una economía baja en carbono, sigue siendo la solución más sostenible para contrarrestar los efectos del cambio climático.
