A fines de octubre de se hallaron los cadáveres de dos ballenas jorobadas en áreas protegidas de la Patagonia chilena. El primero de ellos fue encontrado el 28 de octubre en un centro de cultivo de salmones de la empresa Australis Mar, ubicado dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, en la Región de Magallanes. El segundo se registró dos días después, en las afueras del centro de engorde de salmones «Huillines 3» de la compañía Cooke Aquaculture, en el Parque Nacional Laguna San Rafael de la Región de Aysén.
Estas muertes desataron un fuerte reclamo de justicia ambiental por parte de organizaciones ambientalistas como Greenpeace Chile y los miembros de la comunidad Kawésqar, que decidieron iniciar acciones legales bajo la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales. Esta denuncia sienta un precedente histórico en la lucha por proteger la vida marina en Chile.
Es importante destacar que para las comunidades indígenas del sur del país, las ballenas jorobadas no solo representan un símbolo de la biodiversidad de la región, sino que además son parte de un vínculo ancestral con el entorno. Además, actualmente la especie está clasificada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que vuelve mucho más urgente su protección.
Las ballenas jorobadas y un precedente histórico para la legislación ambiental
La querella presentada recientemente bajo la Ley 21.595 podría convertirse en la piedra angular de la protección de los ecosistemas chilenos. Esta es la primera vez que esta ley se utiliza para juzgar delitos ambientales graves ocurridos dentro de áreas protegidas. Si finalmente los culpables fueran condenados, podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión y multas económicas que sentarían un precedente ejemplar para futuros casos.
Roxana Núñez, abogada de la ONG Greenpeace Chile, explicó que esta acción legal tiene como objetivo que los responsables de estas catástrofes ambientales de una vez por todas paguen por sus crímenes. De esta forma se estaría evitando que eventos similares vuelvan a repetirse en áreas de alto valor ecológico como el Parque Nacional San Rafael y la Reserva Nacional Kawésqar.
¿Por qué la salmonicultura representa una amenaza para estos ecosistemas?
La salmonicultura se ha convertido en una de las principales amenazas para los ecosistemas marinos de la Patagonia. Esto se debe a que la industria salmonera se caracteriza por una serie de prácticas que generan un terrible impacto en la biodiversidad marina, contaminando los hábitats y provocando la muerte de cientos de especies nativas.
Uno de los principales problemas de la salmonicultura tiene que ver con la contaminación por desechos orgánicos. Para engordarlos más rápidamente, las industrias alimentan a los salmones de forma excesiva. Los restos de alimento no consumido y las excreciones de los peces van generando un exceso de materia orgánica en el agua. Esto a su vez desencadena la proliferación de algas nocivas que disminuyen el oxígeno disponible en el hábitat, alterando la vida marina.
Químicos, parásitos y jaulas asesinas
Además de la falta de oxígeno en el agua, los antibióticos y químicos que las salmoneras utilizan para prevenir enfermedades en los salmones se van filtrando en el entorno, afectando a otras especies y volviéndolos mucho menos resilientes. Por otro lado, las jaulas donde se acumulan los peces son un caldo de cultivo de enfermedades y parásitos que se propagan al medio marino que las rodea.
Esto no solo afecta a los propios salmones en cautiverio, sino también a las especies silvestres que se mueven alrededor de estas áreas. Como en los casos ocurridos en octubre, depredadores marinos como las ballenas suelen enredarse en las estructuras de las jaulas o se ven afectados por la disminución de su alimento natural generado por el desequilibrio que provocan estos centros.
¡Basta de muertes “accidentales”!
La nueva denuncia no solo pretende que las empresas involucradas reciban una sanción ejemplar. También es una forma de asegurar que las leyes dejen de ser solo letras en un papel y que de una vez por todas se conviertan en herramientas que garanticen la conservación de las áreas protegidas de Chile.
Leticia Caro, representante de la comunidad Kawésqar, hizo hincapié en cómo la falta de sanciones en casos anteriores ha permitido que otras muertes de especies nativas (muchas de ellas en peligro) sean vistas como “accidentales” por la población, cuando todos saben quiénes son los verdaderos responsables.
