Más conocida como la principal ciudad balnearia de Argentina, Mar del Plata es el centro neurálgico de la industria pesquera argentina pero ¿su potencial tocó su techo o tiene todo por desarrollar como punto neurálgico de la industria pesquera sustentable?
En el océano Atlántico, Mar del Plata no solo es el principal puerto pesquero del país, sino también un actor clave en la transición hacia un modelo más sustentable de explotación marina.
Con una infraestructura que abarca desde pequeñas embarcaciones artesanales hasta grandes buques factoría, la ciudad procesa más del 90% del pescado fresco de Argentina.
Sin embargo, la creciente presión sobre los recursos marinos y la concentración de la actividad en manos de empresas transnacionales presentan desafíos para la sostenibilidad y el desarrollo equitativo de las comunidades costeras.
Hacia una pesca responsable
Para enfrentar estos retos, es necesario fortalecer la implementación de cuotas de captura sostenible, promover el monitoreo independiente de las flotas y fomentar un consumo local responsable.
Este puerto alberga todo tipo de buques pesqueros (al menos 350 según el consorcio que gestiona el puerto de Mar del Plata), desde barcos semirrígidos de pesca artesanal hasta arrastreros factoría, que desembarcan todo tipo de productos, frescos, congelados, transformados o no.
Representa más del 50% de los desembarques de pesca marítima de Argentina, aunque esta cifra disminuyó durante la década de 1990, cuando se desembarcaban allí 8 de cada 10 toneladas.
A pesar del traslado de los buques factoría-congeladores a los puertos de la Patagonia, Mar del Plata mantiene su supremacía con más del 90% de los desembarques de pescado fresco, que se procesa y comercializa tanto en el mercado interno como en la exportación. Es el principal puerto de desembarque y procesamiento de merluza (80% en fresco y congelado).
Los buques costeros y artesanales dependen de grupos industriales (como Valastro, Solimeno, Moscuzza, etc.) para la venta de sus capturas.
Se trata de empresas nacionales o mixtas que incluyen el equipamiento pesquero, el procesamiento en fábricas, las instalaciones frigoríficas y la comercialización (tanto para la exportación como para las cadenas de distribución nacionales, en particular los supermercados e hipermercados).
Un centenar de plantas de transformación (fileteado, empanado y enlatado) se encuentran en Mar del Plata, principalmente en el distrito situado al oeste del puerto, desde donde parten numerosos camiones frigoríficos hacia el puerto de Buenos Aires, 400 km al norte, punto de partida de las principales exportaciones.
Los astilleros de construcción y reparación naval mantienen animada la vida del puerto, con migraciones de barcos que operan en el Atlántico Sur y que acuden a realizar el mantenimiento periódico de sus buques.
Mar del Plata alberga también el principal centro de investigación del INIDEP y la Escuela Nacional de Pesca. Aunque todo el puerto pesquero está bajo gestión privada, la «banquina de pescadores» es el único lugar abierto al público donde se puede acercar uno a la industria pesquera.
Es un sitio turístico donde se puede ver no sólo a los barcos costeros descargando su pescado (variado costero bonaerense), sino también a los lobos marinos (símbolo de Mar del Plata) moviéndose por el puerto o por el muelle.
También se pueden visitar las tiendas de pescado fresco o en conserva, que están justo al lado de las tiendas de recuerdos, y comer en los pequeños quioscos donde se pueden degustar pescados y mariscos. Se trata de una importante zona para el turismo marplatanense.
Por analogía con la industria agroalimentaria, las empresas halioalimentarias, a menudo transnacionales, hacen o deshacen la actividad de los puertos, moviendo flotas sin que los gobiernos provinciales o federales tengan ningún poder real sobre la actividad pesquera, ya sea en la Patagonia o en la provincia de Buenos Aires.
No obstante, este modelo de desarrollo es perjudicial para las zonas costeras, ya que conduce a la sobreexplotación del recurso, a un deterioro de la calidad de vida (a través de una división extrema del trabajo a nivel nacional e internacional) que debilita a las sociedades locales, y a un drenaje de los ingresos generados por la explotación.
Difícil gestión de los recursos
Sólo se introducen cuotas para las especies más comercializadas. Aunque esto es un paso hacia la sostenibilidad, no resuelve la presión ejercida sobre otras especies y la competencia por los recursos.
La prensa argentina denuncia regularmente la pesca ilegal en aguas argentinas por parte de buques extranjeros (taiwaneses o coreanos) que han adquirido derechos de pesca en Uruguay o las Malvinas.
Se presta menos atención a las actividades de los arrastreros industriales en las zonas costeras y al hecho de que los pescadores argentinos superan sus cuotas o tallas mínimas de pescado.
Sin embargo, es respetando los derechos de cada usuario del espacio marino como podemos garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera, ya que de lo contrario se producirá el «efecto dominó», con buques pesqueros industriales poco razonables en aguas lejanas que empujarán a los buques pesqueros de altura hacia las zonas costeras, aplastando la pesca costera y artesanal.
Monitorear y proteger significa implementar un control independiente, público y publicitado de todas las embarcaciones y su producción, lo que requiere importantes recursos que ni la Prefectura Naval, ni el SENASA ni ningún otro organismo tienen actualmente.
También requiere de la independencia de los investigadores del INIDEP, organismo que aún depende fuertemente del Ejecutivo Federal para su financiamiento y que puede sufrir presiones para ajustar cupos.
La creación del proyecto Pampa Azul en 2014 ha dado un nuevo papel a la investigación marina en Argentina.
Este programa gubernamental, creado por la presidenta Kichner y apoyado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, pretende aunar e incrementar los recursos de investigación en el Atlántico Sur para mejorar el conocimiento y las tecnologías de explotación de los recursos marinos, vivos y minerales.
También pretende impulsar la actividad de las industrias vinculadas al mar y sensibilizar a la población argentina sobre el potencial marítimo. Incluye organismos públicos de investigación, universidades y varios ministerios (agroindustria, relaciones exteriores, defensa, turismo, seguridad, medio ambiente y desarrollo sostenible).
Este programa, muy joven, está aún en sus inicios, y ya la visión industrial se acerca a la de la sostenibilidad.
Además del conocimiento de los recursos, el desarrollo de un circuito nacional de distribución de productos del mar de calidad, en particular marisco fresco, crea un valor añadido para la producción pesquera de bajura y artesanal, al tiempo que ofrece a la población una alternativa nacional al consumo de carne. La industria pesquera de bajura y artesanal busca dar valor añadido a sus productos, sin pasar por las grandes empresas pesqueras y alimentarias, para asegurar su actividad en las zonas costeras. Si bien podría pensarse que la asignación de CITC por quince años (desde 2010) a las empresas pesqueras y alimenticias asegura la sustentabilidad ecológica de la actividad, esto por sí solo no puede sostener el desarrollo económico, social y territorial de las regiones costeras argentinas.
En la Patagonia, por ejemplo, la privatización de los recursos marinos y de los puertos de desembarque está creando enclaves de exportación. Esta privatización de los recursos naturales crea derechos de precedencia para las empresas, que siempre buscarán el crecimiento aunque el recurso sea agotable. Esto plantea interrogantes sobre la estrategia seguida por el Estado argentino.
La gestión de la pesca es todavía reciente y sólo afecta a las especies más explotadas y, por tanto, a las empresas pesqueras industriales; no se asignan cuotas a los pescadores artesanales.
La gestión se basa en la calidad de las previsiones biológicas, sobre todo para la definición de los totales admisibles de capturas, mientras que una parte de la financiación del INIDEP procede de una tasa sobre las exportaciones de productos marinos.
La gestión también depende del control de las capturas y, por tanto, de los recursos asignados al control de esta vasta y codiciada zona marítima que es el Mar Argentino.
Al favorecer una economía basada en los ingresos de la exportación, el gobierno argentino no está aprovechando al máximo la estructuración económica y social que la actividad pesquera podría aportar a las zonas costeras, especialmente a las de la periferia.
También está restando importancia al papel que la pesca artesanal puede desempeñar en estas zonas y en el apoyo a una industria alimentaria local para la población argentina.
La Ley federal de pesca no dice cómo se redistribuyen los beneficios de la explotación de los recursos naturales.
Sin embargo, la apertura del mar argentino a actores extranjeros fue mencionada en septiembre de 2016 en la cumbre del G20, cuando el gobierno ofreció facilitar las inversiones chinas en la explotación de petróleo y recursos marinos profundos, destacando la extensión de la ZEE argentina.
Más allá de la gestión biológica del recurso, la cuestión que aquí se plantea es la de la política de desarrollo de los territorios y sociedades costeras argentinas.
¿Cómo garantizar la integración y el reconocimiento de las poblaciones que viven, trabajan y explotan los recursos naturales marinos en las zonas periféricas?
La desaparición de las subvenciones a la exportación para las provincias de la Patagonia, al frenar la actividad industrial, podría conducir a una reterritorialización de los mares costeros y ayudar a construir otro sector de producción y distribución de productos del mar movilizando a los actores de la pesca (empresas, pescadores artesanales, trabajadores de las fábricas, residentes locales), en todos los niveles de reflexión (Estado federal, provincia, zona urbana, barrio, etc.).
Este proceso alternativo de gestión y distribución de la riqueza en una sociedad pluralista y democrática es la única garantía de un desarrollo equitativo y sostenible a largo plazo. Aunque difícil de construir en el contexto actual, también debe tener en cuenta a los vecinos (Uruguay, Brasil, Malvinas), y construir una política conjunta para el Atlántico Sur y la Antártida que evite el aislacionismo.
El posible reconocimiento por parte de la ONU de la soberanía argentina sobre toda la plataforma continental otorga a Argentina un papel fundamental en la gestión sostenible de los recursos naturales vivos del Atlántico Sur.
Reflexiones sobre nuestro océano y el puerto de Mar del Plata
A pesar de todos los discursos sobre desarrollo sostenible, respaldados por leyes federales e incluso provinciales, Argentina no ha logrado salir de los ciclos económicos especulativos de explotación de su subsuelo (minerales e hidrocarburos), su suelo (soja) o su mar (merluza y langostino).
La fuerte demanda de estos recursos está en el centro de las relaciones geopolíticas y económicas internacionales con las grandes potencias (sobre todo China y Europa), en un contexto de elevado endeudamiento.
Como muchos países, Argentina depende de los mercados internacionales, tanto para exportar sus productos como para financiar su deuda.
La tentación de sobreexplotar los recursos naturales abriéndolos a las empresas privadas transnacionales es una visión a corto plazo de la utilización del bien común para resolver un problema económico estructural y global.
La pesca marítima no es una excepción, aparte de que los recursos naturales pueden ser renovables, siempre que se gestionen adecuadamente y sólo se saque la renta. Pero la industria pesquera está sufriendo una fuerte integración vertical por parte de las empresas transnacionales del pescado y la alimentación, que controlan las inversiones, la producción, la transformación y la comercialización.
Esto refuerza una actividad industrial exportadora y generadora inmediata de divisas, e impide la implementación de una política razonada que favorezca la biodiversidad y el desarrollo social y económico equitativo y equilibrado de las regiones.
Si bien los puertos de la Patagonia son actores necesarios en el proceso exportador, siguen estando dominados por Mar del Plata, que ofrece una producción diversificada, procesamiento y venta tanto al mercado externo como al interno.
En lugar de esta visión exportadora y concentrada de las actividades, donde impera la competencia económica y regional, se debería hacer hincapié en la complementariedad de los espacios, tanto marítimos como terrestres, para hacer de la industria pesquera un factor de desarrollo endógeno del territorio argentino.
A lo largo de la historia de la pesca marítima argentina, políticos y científicos se han unido para considerar el mar como un patrimonio común, con la creación del INIDEP y luego con el actual programa Pampa Azul.
Sin embargo, sigue dominando la idea del extractivismo, impulsada por los modelos minero y sojero, a pesar de la sobreexplotación de los años noventa bajo la presión de las flotas europeas.
Mientras que la exportación de estos productos contribuyó a financiar programas sociales bajo las presidencias de los Kirchner, los beneficios de la exportación de productos del mar apenas benefician a las regiones costeras.
La apropiación de los recursos naturales, a través de la noción de bien común, debe construirse en torno a un modelo de desarrollo más endógeno, partiendo del nivel local, construyendo una gestión colectiva y concertada de los recursos marinos, apoyada por todos los actores y acompañada por el Estado federal y las provincias, y también responsabilizando a los consumidores del Norte.
Para que sea sostenible, duradero, compartido e incluso democrático, este nuevo modelo y sus políticas públicas debe considerar varias escalas territoriales y plazos.
Para que Mar del Plata siga siendo un puerto estructurante y sustentable, es crucial que se fortalezcan los controles sobre la explotación de los recursos marinos y se promuevan políticas que prioricen el desarrollo local y la sostenibilidad.
Solamente mediante una gestión responsable y equitativa se podrá garantizar la preservación de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades costeras.
