Aunque la Argentina firmó en 2024 un acuerdo clave para proteger los ecosistemas marinos, su implementación todavía se encuentra en pausa. El país sigue sin ratificar el Tratado de Alta Mar porque el Ejecutivo no ha girado el proyecto de ley necesario al Congreso Nacional para su aprobación formal.
El tratado en cuestión, conocido oficialmente como BBNJ —siglas en inglés de Biodiversity Beyond National Jurisdiction—, fue adoptado en 2023 como un compromiso internacional sin precedentes para salvaguardar la biodiversidad en zonas del océano que no pertenecen a ninguna jurisdicción estatal. A pesar de haberlo suscripto, Argentina aún no completó los pasos legislativos que le permitirían entrar plenamente en este marco de protección global.
A la espera de esa ratificación, distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones ambientalistas como Greenpeace Argentina, reclaman al gobierno que avance en el trámite legislativo. El paso pendiente consiste en que el Poder Ejecutivo remita el proyecto correspondiente, lo que habilitaría a la Cámara de Diputados y al Senado a debatir y, eventualmente, sancionar la ley que confirme el respaldo institucional del país al tratado.
Un proyecto en curso y una advertencia sobre el rol argentino
En la Cámara Baja ya existe una iniciativa presentada por un legislador nacional que busca avanzar con la ratificación del acuerdo. La iniciativa parlamentaria, sin embargo, no puede prosperar si antes no cuenta con el impulso formal del Ejecutivo, que debe habilitar el tratamiento legislativo del tema a través del envío del proyecto respectivo.
Desde el Círculo de Políticas Ambientales, Milko Schvartzman advirtió que si Argentina no ratifica el tratado, quedará fuera de las discusiones globales en las que se decidirá el destino de los océanos. En su visión, el país corre el riesgo de perder influencia en los espacios donde se fijan las reglas del uso y conservación de estos ecosistemas.
Ratificar el tratado no sólo tiene implicancias ambientales. También puede significar una mejora en el acceso de Argentina a desarrollos científicos y tecnológicos de última generación vinculados al conocimiento de los océanos. Además, fortalecería su posición diplomática en las negociaciones multilaterales vinculadas al medio ambiente y los bienes comunes globales.
El Tratado de Alta Mar propone nuevas reglas para proteger áreas oceánicas
Entre los objetivos del Tratado de Alta Mar se destacan el uso sustentable de los recursos genéticos marinos, la posibilidad de crear reservas naturales en zonas actualmente desprotegidas, y el compromiso de distribuir de manera equitativa los beneficios derivados de esos recursos. También se busca regular el impacto de las actividades humanas en el ecosistema oceánico.
El texto del acuerdo hace foco en territorios ubicados a más de 200 millas náuticas de las costas de cualquier país, es decir, en áreas que constituyen lo que se conoce como alta mar. Estas zonas representan un 43% de la superficie terrestre del planeta, pero apenas una pequeña fracción —el 1%— cuenta hoy con algún tipo de protección efectiva.
Además de apuntar a la conservación ambiental, el tratado incorpora una dimensión de derechos humanos al establecer que el acceso a un entorno saludable debe ser considerado un derecho fundamental. En este marco, se busca atender los daños que provoca la sobrepesca, la contaminación, el calentamiento global y la explotación minera en el fondo del mar.
El deterioro del océano tiene consecuencias sobre el bienestar humano
Los océanos tienen un papel crucial en el equilibrio del planeta: generan más de la mitad del oxígeno que respiramos y almacenan unas 50 veces más carbono que toda la atmósfera terrestre. Su degradación, por lo tanto, tiene efectos directos sobre la salud del clima y sobre la calidad de vida de miles de millones de personas.
Según datos recientes, más de 200 millones de personas en el mundo obtienen su sustento directamente de actividades vinculadas al mar. Al mismo tiempo, el 66% de las poblaciones de peces se encuentran sometidas a un nivel de explotación que pone en riesgo su supervivencia. Esta presión sobre los recursos marinos no solo afecta la biodiversidad, sino que incrementa la inseguridad alimentaria y contribuye a procesos migratorios forzados.
Por otro lado, los organismos que habitan en las profundidades del mar han demostrado ser una fuente valiosa de compuestos aplicables a la medicina. Algunos de estos recursos genéticos ya se utilizan para desarrollar tratamientos contra enfermedades como el Alzheimer, la artritis y distintos tipos de cáncer. En este sentido, el tratado propone reglas claras para garantizar que estos beneficios sean compartidos de manera justa.
Una herramienta para fortalecer compromisos globales
El Tratado BBNJ no aparece como un acuerdo aislado, sino que forma parte de una agenda internacional más amplia. Su implementación se alinea con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con los compromisos asumidos en el Marco Global de Biodiversidad acordado en Kunming-Montreal. Ambos instrumentos promueven un enfoque integral frente a la crisis ecológica planetaria.
A través del nuevo marco legal que propone el tratado, se podrían impulsar mecanismos para evaluar de forma rigurosa los efectos de las actividades humanas en alta mar. También se generarían oportunidades para acceder a conocimientos científicos, recursos tecnológicos y capacidades institucionales que hoy resultan inaccesibles para muchos países.
Hasta la fecha, 83 naciones ya han firmado el tratado. En este contexto, la ratificación del acuerdo permitiría a Argentina reposicionarse como un actor relevante en el Atlántico Sudoccidental, además de reforzar su participación en los foros multilaterales donde se define el futuro del océano global.
