Las aguas del Mar Argentino se ven constantemente amenazadas por la pesca ilegal. Esto no solo pone en peligro la biodiversidad marina del país, sino que podría atentar contra su estabilidad económica. Pero la presión del gobierno chino parece haber causado efecto en las autoridades argentinas, que se niegan a aprobar una ley de trazabilidad que ponga límites a las prácticas ilegales y poco sostenibles.
Entre los grandes perjudicados por la crisis pesquera se encuentran las poblaciones de tiburones. Estas especies fundamentales para el correcto desarrollo de la cadena alimenticia marina, ha perdido millones de ejemplares en los últimos años como resultado de la pesca ilegal. De hecho, según datos recopilados por el Centro del Estudio de Sistemas Marinos y el Centro Nacional Patagónico (Cesimar-Cenpat), algunas especies como el tiburón escalandrum o el gatopardo, se han visto disminuidas ¡hasta en un 90% en los últimos 30 años!
Es importante destacar que, al tratarse de animales depredadores, los tiburones son esenciales para mantener el equilibrio ecológico, y a medida que sus poblaciones disminuyen todo el ecosistema marino corre riesgo de desaparecer.
La falta de transparencia de la pesca ilegal
Ante la falta de una ley que lo prohíba, las empresas pesqueras muchas veces sustituyen especies de sus “productos” por otras, recurriendo a prácticas ilegales y peligrosas como el etiquetado incorrecto. Según investigaciones llevadas a cabo recientemente por Gabriela Delpiani, una especialista del Grupo Biotaxonomía Morfológica y Molecular de Peces (Bimope), el 36% de los filetes comercializados están mal etiquetados. Además, la experta del CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata, descubrió que más de un 70% de los veces, las especies comerciales son sustituidas con carne de tiburones y rayas.
Así lo corroboran también investigadores argentinos que realizaron un trabajo de campo que fue publicado en la prestigiosa revista científica Fisheries Research. Los expertos explican que una de las causas de la caída de las poblaciones de estas especies cartilaginosas es el uso de su carne para reemplazar al de especies más costosas, como el atún, la brótola o el lenguado.
Los beneficios de la Ley de Trazabilidad
Para contrarrestar estas prácticas infames, el Círculo de Políticas Ambientales ha impulsado una ley de trazabilidad, diseñada específicamente para diferenciar la pesca legal de la ilegal en el país. Esta ley no solo permitiría corroborar la verdadera procedencia de los productos cuando son exportados, sino que además contribuiría a garantizar su inocuidad.
Pero a pesar de los beneficios que esta ley promete, se ha encontrado con cierta resistencia. En especial, de parte de la Subsecretaría de Pesca nacional, que ha obstaculizado su avance en el Congreso a principios de octubre de 2023. La falta de quórum en aquella sesión legislativa ha generado preguntas de organizaciones ambientalistas que defienden la vida marina, como Greenpeace u Oceana. ¿Acaso podría estar relacionada con intereses económicos de las pesqueras chinas en el Mar Argentino?
¿Qué opinan las empresas pesqueras nacionales?
El sector pesquero privado del país ha expresado su preocupación por la creación de nuevas barreras burocráticas. En definitiva, no parece importarles la ilegalidad de las prácticas llevadas a cabo por las embarcaciones chinas o el deterioro de los ecosistemas marinos argentinos. Su única inquietud es que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no complique sus operaciones diarias.
Mientras tanto, el gobierno defiende el sistema de trazabilidad actual, que fue implementado en diciembre de 2022 y aprobado por las cinco provincias del país que cuentan con costas en el Mar Argentino.
Pero a pesar de que muchos de los involucrados no parecen preocupados por proteger la biodiversidad marina, la necesidad de una nueva legislación que controle las acciones de las empresas pesqueras chinas está clara. Si el sector pesquero argentino quiere proteger su fuente de trabajo a largo plazo, necesita dar un golpe sobre la mesa y definir de una vez por todas si va a seguir permitiendo que se realicen prácticas ilegales en sus aguas.
