Recientemente, Greenpeace Chile, en colaboración con la comunidad Kawésqar, presentó dos querellas criminales contra quienes resulten responsables de la muerte de dos ballenas jorobadas en la Patagonia. Esta especie, catalogada como vulnerable por el Ministerio de Medio Ambiente, fue hallada muerta entre el 29 y 30 de octubre en áreas protegidas, específicamente en el Parque Nacional San Rafael y la Reserva Nacional Kawésqar. Este hito marca un precedente en la lucha legal contra los delitos medioambientales, utilizando por primera vez la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales para abordar crímenes cometidos dentro de estos territorios.
La Ley Ambiental chilena como herramienta legal
La acción legal emprendida por Greenpeace y las comunidades locales es significativa, ya que se basa en la modificación del Código Penal por la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales. Esta ley permite aplicar sanciones a quienes dañen áreas protegidas, como parques nacionales o reservas de importancia internacional. Según la legislación, quienes violen las regulaciones ambientales podrían enfrentar penas de prisión, con un mínimo de 5 años y 1 día, y hasta 10 años más una multa. Este tipo de acciones muestra la creciente preocupación por la protección de la biodiversidad chilena y el uso de la ley como mecanismo de justicia.
Muerte de ballenas y búsqueda de justicia
Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Andino, resaltó la importancia de utilizar todas las herramientas disponibles para esclarecer las causas y responsables de las muertes de las ballenas. La organización busca asegurar que estos hechos no se repitan y que las muertes en áreas protegidas sean tratadas con la seriedad que merecen. Para Greenpeace, la aplicación de esta ley es fundamental para garantizar que las leyes ambientales sean efectivas y se transformen en una herramienta tangible para la protección de los ecosistemas chilenos.
El rol de la comunidad Kawésqar en la querella
Además de Greenpeace, la comunidad Kawésqar ha sido parte activa en la querella, en particular por la muerte de una ballena en la Reserva Nacional Kawésqar, en la Región de Magallanes. Leticia Caro, representante de la comunidad, enfatizó que este tipo de casos no deben quedar impunes, como ha sucedido anteriormente con otras muertes de cetáceos en la zona. La comunidad, que tiene una relación espiritual y cultural profunda con las ballenas, considera a este evento no solo como un problema ambiental, sino como una cuestión que afecta a su identidad ancestral. Según Caro, la ballena es un símbolo importante en su historia, y su protección es parte de su cosmovisión y espiritualidad.
Impacto de la salmonicultura en la fauna marina
El contexto de las muertes de estas ballenas está relacionado con la actividad de la industria salmonera en la región. La primera ballena fue encontrada cerca de un centro de engorda de salmones de la compañía Cooke Aquaculture en el Parque Nacional San Rafael, mientras que la segunda apareció cerca de una instalación de la empresa Australis Mar en la Reserva Nacional Kawésqar. Greenpeace ha señalado que, en casos anteriores, las muertes de cetáceos en estas instalaciones fueron tratadas como accidentes, sin investigaciones profundas ni sanciones. Esto pone en evidencia la falta de control y la necesidad de un marco legal más riguroso para evitar que estos incidentes se repitan.
Una llamada urgente a la protección de las áreas protegidas
Aunque la acción penal emprendida es un paso significativo, Greenpeace insiste en que la verdadera protección de la biodiversidad marina requiere medidas más efectivas, como la detención de la expansión de la industria salmonera en áreas ecológicamente sensibles. Matías Asun, director de Greenpeace Chile, subrayó la importancia de implementar planes de manejo en áreas protegidas, como la Reserva Nacional Kawésqar, que aún no cuenta con este plan esencial para su conservación. A pesar de haber sido incorporada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado hace seis años, la falta de un plan de manejo refleja una falencia en la gestión ambiental del país. Para Greenpeace, la justicia debe actuar rápidamente en estos casos, no solo para sancionar a los responsables, sino también para generar un cambio en las políticas de protección de los ecosistemas marinos de Chile.
