La campaña ambientalista para detener el proyecto de urbanización en uno de los estados del caribe mexicano. Los datos sobre la afectación de los ecosistemas y otros casos en los cuales las comunidades avanzaron para defender los entornos naturales.
El caribe mexicano se encuentra en la mira de los sectores conservacionistas. Resulta que por su potencial turístico las iniciativas edilicias avanzan en la región con las respectivas consecuencias ambientales que esto conlleva.
Tal es el caso de Quintana Roo, uno de los estados más jóvenes de esta zona. Vale mencionar que se trata de la única ciudad de México anclada geográficamente en el Caribe.
A causa de la actividad humana en los últimos años se multiplicaron las demandas públicas por la degradación ecológica que sufre este destino paradisíaco. Por esta razón, las comunidades se convocaron para intentar frenar los avances de la construcción.
De este modo grupos integrados por científicos, activistas y letrados elaboraron cuatro propuestas de leyes vinculantes con la protección ambiental.
En cada uno de los textos se tuvo en cuenta la fragilidad de la región y la importancia de resguardar sus costas, playas, humedales y maglares. El propósito es sostener el equilibrio ambiental antes de que sea demasiado tarde.
El lema general de todos fue “OnceXCuatro” el cual visibiliza la relevancia de los 11 municipios que componen Quintana Roo para los cuales hay 4 posibles leyes en curso.
Los objetivos de los equipos conformados consisten en sumar herramientas a la normativa que ya está en curso. La necesidad planteada es medir y controlar la edificación que en las últimas dos décadas se expandió de forma irrefrenable.
Para contar con más y mejor perspectiva sobre la biodiversidad las comunidades organizadas buscaron asesoramiento. En este caso se trató de la ONG Defendiendo el Derecho de un Medio Ambiente Sano, también conocida como DMAS. Por cierto, la organización acompañó a los ciudadanos durante diez años en esta tarea conjunta.
Vale mencionar que, según los relevamientos realizados durante las últimas dos décadas, este punto del caribe mexicano perdió casi el 10 por ciento de su vegetación. Este proceso de impacto negativo ocurrió a manos de la urbanización no regulada con su correspondiente aumento de la población, lo cual también tiene consecuencias.
Al momento las movilizaciones colectivas ya valieron un logro. En el año 2023, tras una demanda al Congreso por omisión legislativa, el resultado fue exitoso. A partir de este triunfo, ahora van por más y la próxima meta es obtener la planeación urbana.
Este ítem es para todos los involucrados el verdadero déficit del caribe mexicano y esto, en las actuales condiciones de crisis ambiental, se vuelve fundamental. Es por eso que muchas regiones seguramente seguirán los pasos de Quintana Roo como así también muchas otras ya sentaron precedentes al respecto.
Otros casos de ciudades costeras en alerta en México
Los sectores ambientalistas de México son muy activos en cuanto a la defensa de sus espacios naturales. En el caso de las ciudades costeras ya hubo antecedentes de ciudades que cambiaron el curso de grandes proyectos que degradaban el medio ambiente.
Uno de los capítulos más destacados de preservación fue el de Punta Colorada, una de las playas preferidas de los grupos surfistas en el estado de Oxaca.
Allí los deportistas y habitantes detectaron un progreso contaminante de la construcción y actuaron en consecuencia. Así fue que se reunieron y denunciaron ante las autoridades el deterioro de lo que ellos consideraban un refugio natural.
La justicia escuchó sus manifestaciones y en el año 2024 obtuvieron un amparo que puso freno a las obras en curso.
Otro ejemplo aún más extremo ocurrió en la Comunidad del Bosque, en el municipio de Centla, ubicado en el sureste de México. Allí miles de familias comenzaron a vivir en carne propia las secuelas del cambio climático.
Ocurrió que la crecida de las aguas arrasó barrios completos y las personas perdieron sus casas. Presentado el episodio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibieron un resarcimiento por su condición de refugiados climáticos.
Al igual que lo ocurrido en Quintana Roo en el caribe mexicano, no son pocas las historias de personas comunes que junto a organismos y activistas accionan. Se trata de la legítima defensa de la naturaleza ante situaciones que necesariamente ameritan regulación.
