La pesca ilegal es un flagelo que pone en jaque la biodiversidad y el sustento de las comunidades locales que habitan el Área Marina Protegida Seaflower. Y si bien, en 2022, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, Colombia anunció que había alcanzado la meta de proteger el 30% de su territorio marino-costero, el anuncio dejó un problema sin resolver: declarar áreas protegidas no garantiza, por sí solo, una protección real.
En su momento, el dato fue celebrado a nivel internacional y posicionó al país como un referente regional en conservación marina, ya que fue anunciado incluso ocho años antes de lo previsto por el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Kunming-Montreal. De acuerdo con datos de Protected Planet, Colombia tiene hoy más de 299 mil kilómetros cuadrados de mares y costas bajo alguna figura de Área Marina Protegida (AMP), lo que representa ¡más del 41% de su espacio marino!
Y aunque el número impresiona, pierde fuerza cuando se analiza la calidad de esa protección. Solo el 6,7 % de esas áreas está total o altamente protegido, es decir, con restricciones reales a las actividades extractivas que ponen en riesgo los ecosistemas. Esta diferencia entre cantidad y efectividad es clave.
El propio marco internacional 30×30 advierte que no se trata solo de alcanzar un porcentaje, sino de asegurar que las áreas protegidas conserven biodiversidad de manera real y duradera. En Colombia, esa brecha queda expuesta en lugares como Seaflower, donde la protección existe en los mapas, pero se diluye en el mar.
Seaflower: un tesoro marino bajo presión por la pesca ilegal
El Área Marina Protegida de Seaflower es la más grande del Caribe colombiano y uno de los espacios marinos más valiosos del país. Con más de 62 mil kilómetros cuadrados, alberga el tercer arrecife de coral más importante del mundo y concentra el 77% de los arrecifes coralinos de toda Colombia.
Su relevancia ecológica es enorme: estos ecosistemas sostienen la pesca artesanal, protegen las costas y funcionan como barreras naturales frente al cambio climático. Sin embargo, Seaflower es también un ejemplo de las fragilidades del sistema de conservación. Aunque forma parte de la Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO en el año 2000, esa figura internacional no tiene peso legal en la normativa colombiana, lo que limita su capacidad real de protección.
La AMP fue declarada oficialmente en 2005, con participación de las comunidades raizales, pero desde hace años se ve amenazada por actividades ilícitas. La pesca ilegal, tanto de embarcaciones extranjeras como nacionales, se ha convertido en una amenaza directa para los arrecifes y para el equilibrio ecológico del archipiélago de San Andrés y Providencia.
Cifras que dejan en claro el panorama real
Entre 2008 y 2025, las autoridades incautaron más de 81 mil kilogramos de pesca ilegal dentro del AMP de Seaflower. De ese total, más del 67% provino de embarcaciones extranjeras, principalmente de Nicaragua, Honduras y Jamaica. Aunque los datos son incompletos y presentan vacíos temporales, alcanzan para dimensionar la magnitud del problema y su persistencia en el tiempo.
De acuerdo con datos de Greenpeace Colombia, la pesca ilegal adopta múltiples formas. Pescadores extranjeros ingresan sin permiso y utilizan artes prohibidas, como el buceo con compresor, que permite permanecer más tiempo bajo el agua y aumenta la presión sobre las especies. A esto se suma la pesca ilegal realizada por embarcaciones colombianas, tanto industriales como artesanales, que operan en zonas vedadas o en períodos prohibidos.
Si bien las sanciones previstas por la ley colombiana incluyen penas de prisión y multas millonarias, la aplicación efectiva es baja. Menos del 10% de las personas capturadas en Seaflower han recibido una sanción, lo que refuerza la sensación de impunidad. En este contexto, la pesca ilegal deja de ser un hecho aislado y se consolida como un problema estructural del sistema de control marino.
