El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego busca permitir la salmonicultura industrial en mar, ríos y lagos, a pesar de que la ley vigente prohíbe estas actividades. Por este motivo, activistas, científicos y comunidades advierten sobre los graves impactos socioambientales de industria salmonera y denuncian irregularidades en el proceso legislativo.
Cabe destacar que, en 2021, la provincia sancionó una ley que prohibió la salmonicultura en el mar, autorizando solo la cría limitada en tanques en tierra. Esta normativa surgió como respuesta a la preocupación de científicos y comunidades sobre los impactos ambientales y sociales de la industria, inspirándose en la experiencia chilena, donde la expansión de la salmonicultura provocó contaminación, pérdida de especies y conflictos con pescadores locales.
La salmonicultura avanza
Desde julio de 2025, el Ejecutivo provincial busca modificar la ley para habilitar la actividad industrial en mar abierto y otros cuerpos de agua, generando alerta entre Organizaciones No Gubernamentales como Greenpeace Argentina y los habitantes de la provincia.
El debate ha sido tenso y dividido: algunos legisladores apoyan el proyecto oficialista por su potencial económico y de empleo, mientras que científicos y ambientalistas denuncian que la iniciativa se impulsó sin estudios de impacto ambiental ni participación ciudadana. La aprobación del dictamen en agosto de 2025, con apenas cuatro votos, generó críticas por falta de transparencia y prisa legislativa.
El colectivo “No a las salmoneras”, integrado por ambientalistas, científicos, pueblos originarios y vecinos, sostiene que la industria amenaza la biodiversidad y la pesca local, además de concentrar beneficios económicos en pocas manos. La organización exige un debate amplio, con información científica y social, antes de cualquier cambio en la ley que afecte el Canal de Beagle y otros ecosistemas sensibles.
¿Cómo impacta la salmonicultura industrial sobre el medioambiente?
Los salmones son especies carnívoras introducidas por el hombre, que al escaparse de jaulas devoran peces, crustáceos y plancton nativos, alterando el equilibrio ecológico. Además, los animales en jaulas flotantes viven hacinados, consumen alimentos ultraprocesados, reciben medicación continua y pueden transmitir enfermedades a la fauna local.
A su vez, el fondo marino también se ve afectado: los excrementos y restos de los peces fallecidos generan proliferación de algas y zonas muertas sin oxígeno, como evidencian los ejemplos en Chile. Por este motivo, la actividad industrial requiere de una alta fiscalización estatal. Si no existe tal control, los impactos se multiplican.
Las denuncias también incluyen la muerte de lobos marinos y pequeños cetáceos, atrapados o eliminados para proteger la producción. Asimismo, el vertido de salmones muertos y el derrame de combustible en los centros de cultivo agravan la degradación ambiental.
El Canal de Beagle es un ecosistema de alto valor: alberga delfines, lobos marinos, aves marinas y actúa como corredor biológico entre océanos, además de ser un reservorio de carbono azul. Los expertos advierten que cualquier intervención industrial podría generar daños irreversibles en esta zona clave para la biodiversidad y para la conexión con la Antártida.
¿Qué riesgos sociales y laborales implica esta nueva ley?
La salmonicultura industrial también implica riesgos para quienes trabajan en ella. Se han denunciado malas prácticas de buceo, inmersiones prolongadas sin respetar tiempos de descompresión y exposición a condiciones extremas para levantar jaulas y cadáveres de miles de peces. La presión por cumplir con la demanda industrial prioriza la producción sobre la seguridad de las personas y el bienestar animal.
El modelo propuesto en Tierra del Fuego sigue la lógica chilena, donde la cadena de valor de la salmonicultura concentra la mayor parte del empleo en procesamiento y exportación, no en producción local. Esto genera empleos precarios y altamente concentrados, mientras los impactos ambientales recaen sobre toda la comunidad.
Organizaciones y vecinos advierten que la expansión industrial sobre cuerpos de agua sin capacidad de fiscalización estatal puede provocar contaminación de ríos y lagos, afectando la pesca artesanal y el turismo, actividades esenciales para la economía local y la identidad cultural de la provincia.
Denuncias por falta de estudios y transparencia
Legisladores críticos como Matías Lapadula denuncian que el proyecto oficialista no cuenta con estudios de impacto ambiental ni social previos. Esto impide evaluar los efectos reales sobre ecosistemas, especies y comunidades antes de habilitar la salmonicultura industrial. Sin información científica, cualquier decisión legislativa representa un riesgo grave para la biodiversidad y el manejo sostenible del territorio.
El proceso legislativo también ha sido cuestionado: el dictamen se aprobó durante una sesión autoconvocada, con pocos votos y sin debate público amplio. Organizaciones y comunidades denuncian que el oficialismo buscó avanzar de espaldas a la sociedad civil, priorizando intereses económicos y políticos por sobre la protección ambiental.
